La retirada del Presupuesto municipal de Portugalete ha situado en el centro del debate político y social una cuestión hasta ahora poco conocida para gran parte de la ciudadanía: las obligaciones legales de los ayuntamientos en materia de Patrimonio Municipal de Suelo y vivienda protegida. En una entrevista concedida a Tele 7, el portavoz de Kolektibo 47 por una vivienda digna, Ángel Elías, defendió la reclamación presentada por un vecino integrante del colectivo, que ha sido uno de los elementos clave en la decisión del Ayuntamiento de rehacer las cuentas municipales tras los informes técnicos que detectaron deficiencias e incumplimientos.
La polémica sobre la retirada del Presupuesto General de Portugalete continúa generando debate político y mediático. Después de que el Ayuntamiento decidiera iniciar un nuevo expediente presupuestario tras detectar “desajustes y deficiencias”, el colectivo ciudadano Kolektibo 47 por una vivienda digna ha explicado públicamente las razones de la reclamación que desencadenó la revisión de las cuentas.
En declaraciones a Tele 7, Ángel Elías, miembro y portavoz del colectivo, subrayó que el objetivo de la asociación no es “buscar culpables”, sino exigir que las instituciones cumplan la legislación vigente en materia de vivienda pública y Patrimonio Municipal de Suelo (PMS).
Una asociación nacida ante la crisis de vivienda
Durante la entrevista, Elías explicó que Kolektibo 47 está formado por “decenas de personas” de perfiles diversos, entre ellas profesionales relacionados con el ámbito jurídico y urbanístico, preocupadas por la creciente dificultad de acceso a la vivienda.
Según indicó, la asociación surge ante la convicción de que el problema de la vivienda “no se resolverá solo con promesas institucionales”, sino mediante una voluntad política real y el cumplimiento efectivo de las herramientas legales ya existentes.
“El objetivo de nuestra asociación es sensibilizar a la ciudadanía, impulsar propuestas ante las instituciones y, cuando sea necesario, formular reclamaciones y recursos”, señaló.
El nombre del colectivo hace referencia al artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna.
La clave: el Patrimonio Municipal de Suelo
La reclamación presentada por un vecino de Portugalete vinculado a Kolektibo 47 cuestionaba el tratamiento que el Presupuesto municipal daba al Patrimonio Municipal de Suelo.
Tal y como explicó Elías, la legislación obliga a los ayuntamientos a destinar un porcentaje concreto de sus recursos a este patrimonio público vinculado a políticas de vivienda protegida y suelo público.
“La ley exige que exista una especie de presupuesto paralelo donde se consignen claramente las partidas destinadas al Patrimonio Municipal de Suelo y sus finalidades”, explicó.
Además, recordó que la normativa establece que el 10% de determinados capítulos presupuestarios debe destinarse obligatoriamente a este ámbito.
Según denunció el colectivo, ninguna de estas obligaciones aparecía correctamente reflejada en el Presupuesto inicialmente aprobado por el Ayuntamiento.
Los informes técnicos fueron determinantes
Uno de los aspectos más relevantes del caso, según destacó el portavoz del colectivo, es que la propia asesoría presupuestaria municipal reconocía en sus informes que no se cumplía la obligación legal de destinar el porcentaje correspondiente al Patrimonio Municipal de Suelo.
Para Kolektibo 47, ese reconocimiento técnico fue decisivo en la posterior retirada de las cuentas municipales.
“El Ayuntamiento entendió finalmente que la única manera de no prevaricar era retirar los presupuestos y elaborar unos nuevos ajustados a la legalidad”, afirmó Elías.
El portavoz insistió en que la decisión municipal no se produjo únicamente por la reclamación vecinal, sino también por el contenido de los informes técnicos y por el debate político generado posteriormente en el Pleno.
Vivienda protegida y zonas tensionadas
El colectivo considera especialmente grave que estas carencias se produzcan en un contexto de fuerte tensión en el mercado residencial.
Portugalete forma parte de las zonas declaradas tensionadas por el elevado precio de la vivienda, una situación que, según Kolektibo 47, obliga a reforzar todavía más las políticas públicas de vivienda protegida.
“El núcleo central del Patrimonio Municipal de Suelo debe ser la vivienda protegida”, defendió Elías durante la entrevista.
A juicio del colectivo, una parte importante de los recursos públicos vinculados al suelo debería destinarse prioritariamente a incrementar el parque de vivienda asequible y social.
Críticas al uso de partidas ajenas a vivienda
Durante la entrevista también se abordó una de las cuestiones que ha generado mayor controversia política: la inclusión dentro del Patrimonio Municipal de Suelo de inversiones y servicios que, según denuncian distintos grupos políticos y el propio colectivo, no guardan relación directa con vivienda protegida.
Elías criticó que determinados gastos municipales se intentaran justificar como vinculados al PMS pese a no responder a la finalidad legal exigida.
“No se trata solo de que el dinero no termine en manos privadas; se trata de cumplir la finalidad que marca la ley”, señaló.
El portavoz insistió en que, en un momento de crisis habitacional, las administraciones deben priorizar claramente el fortalecimiento del parque público de vivienda.
“No buscamos culpables”
Preguntado por posibles responsabilidades políticas o técnicas, Elías evitó entrar en una dinámica de acusaciones personales.
“A mí el lenguaje de las culpas nunca me ha gustado”, afirmó.
En lugar de señalar responsables concretos, el portavoz habló de “carencias importantes” tanto en el ámbito político como técnico, especialmente en relación con el conocimiento y aplicación de la normativa urbanística y presupuestaria.
También recordó que la situación detectada en Portugalete no es un caso aislado, sino una problemática que afecta a numerosos municipios vascos.
Kolektibo 47 ya ha presentado reclamaciones similares en ciudades como Bilbao, Donostia y Vitoria-Gasteiz.
Una oportunidad para cambiar las políticas de vivienda
Lejos de plantear el conflicto únicamente en términos jurídicos, el colectivo considera que la retirada del Presupuesto puede convertirse en una oportunidad para reforzar las políticas públicas de vivienda en Portugalete.
Elías defendió que el nuevo expediente presupuestario debería servir para adaptar correctamente las cuentas municipales a las obligaciones legales en materia de Patrimonio Municipal de Suelo y vivienda protegida.
“Me gustaría que Portugalete se convierta en un modelo a la hora de aplicar la ley”, afirmó.
Desde Kolektibo 47 insisten en que seguirán trabajando para que los ayuntamientos cumplan sus obligaciones legales y sitúen la vivienda asequible como una prioridad real.
En palabras del portavoz, “la vivienda no se garantiza solo con discursos, sino aplicando de manera efectiva las herramientas legales que ya existen”.
