Todo el mundo es consciente de que en España y, especialmente en Euskadi, el mercado de alquiler está desquiciado; por la falta de viviendas que se ofertan en este régimen y la alta demanda que hay. Todo ello termina presionando el precio de los alquileres al alza.
En este contexto de tensionamiento del mercado de alquiler, que genera una dinámica especulativa evidente que castiga a las personas inquilinas, el artículo 47 de nuestra Constitución va a reclamar a nuestras administraciones a que adopten las medidas oportunas, incluyendo la aprobación de normas, para erradicar esta dinámica especulativa.
Por ello, la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, con disgusto y oposición de la derecha y ultraderecha vasca y española, va a establecer una serie de medidas para hacer frente a estas dinámicas especulativas en situaciones de tensionamiento, como establecer topes limitando las subidas de los alquileres actualmente vigentes y fijando una limitación de rentas topes de referencia en los nuevos alquileres y en los arrendamientos que suscriban los grandes tenedores en estas zonas tensionadas.
No obstante, en Euskadi, estamos viendo cómo parece que por “motivos técnicos” se ha retrasado la aprobación por parte del Ministerio de Vivienda de estos índices de referencia y que deben servir para topar estas rentas. La excusa, los desajustes con la información fiscal de las Diputaciones Forales con el Instituto Nacional de Estadística. Siendo este índice de referencia obligatorio desde el pasado 1 de enero de 2025, en Gipuzkoa ha entrado en vigor en octubre – con 10 meses de retraso – en Bizkaia, con suerte, se aprobarán entorno al verano de este año 2026 – 18 meses de retraso – y lo de Araba, vaya usted a saber. Un “pase foral” en toda regla en pleno siglo XXI.
Esta regulación pública de los precios máximos en este mercado de alquiler de vivienda desquiciado es una medida que protege a las personas inquilinas frente a las subidas abusivas de las rentas de los caseros aprovechándose de la situación. El Partido Popular y VOX, yendo a lo suyo, han bloqueado desde el comienzo la aplicación de esta protección en sus Comunidades Autónomas porque deben saber bien dónde está su base electoral.
Con este panorama, el PSOE anuncia ahora que quiere “regar” con generosos beneficios fiscales – que pagamos todos y todas, no se olvide – a los propietarios de viviendas que se porten bien, en lo que parece una rendición en toda regla ante el chantaje de la clase rentista. Sus socios de gobierno de izquierda, con indisimulado y razonable enfado, han puesto “pie en pared” con esta nueva ocurrencia de nuestra ministra de Vivienda. Y es que no parece coherente proponer beneficiar con recursos públicos a los arrendadores que, de una u otra forma, han generado, han contribuido o, por lo menos, se han beneficiado de su posición contractual de fuerza provocando estas tensiones. Y resulta cuando menos irritante – por no decir abiertamente inconstitucional por no respetar la regla de progresividad fiscal – que las rentas de trabajo tributen generosamente en el IRPF y las rentas inmobiliarias no.
Y mientras el PSOE anuncia esta medida, resulta que en el Ministerio de Consumo se dispone de un informe que viene a constatar – agárrense – que los caseros cuentan con unos ingresos personales o societarios que vienen a ser de media un 82% superiores respecto a los de sus inquilinos y en ocho Comunidades Autónomas los ingresos de los caseros duplican a los de las personas inquilinas. En otras palabras, que vamos a hacer caer en las espaldas de todos y todas – incluidos las personas arrendatarias – el chantaje de sus caseros.
Todo ello por no haber sido lo suficientemente ambicioso en la regulación de Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, que no sólo llegó más de 45 años tarde respecto a la entrada en vigor del artículo 47 de la Constitución Española, sino que llegó abiertamente y conscientemente mutilada por quienes quieren convertir el derecho a la vivienda en un mercadeo asqueroso de dinero y de votos.
KOLEKTIBO 47 POR EL DERECHO A LA VIVIENDA
Bilbao, a 18 de Enero de 2026
